“Mujeres Emprendedoras” y proyecto de ley “Pago Oportuno”: Las facturas se debieran pagar cuándo se emiten, no en 30 días o más

En mayo pasado, el Gobierno anunció la presentación del proyecto de ley “Pago Oportuno”, iniciativa legal que busca establecer plazos límites para que las Pymes reciban los pagos por sus servicios prestados o productos vendidos a las grandes empresas del país.

 

Si se logra su aprobación, se determina un plazo de 60 días para el pago de facturas a los proveedores (Pymes), generando multas e interés en el caso de mantener deudas después de este límite. Con esto se busca incentivar el pago y mantener estables las finanzas de las empresas más pequeñas, mejorando la relación asimétrica que existe hasta el momento.

 

Aunque, la iniciativa también incluye la posibilidad de pagos a convenir, que podrían generar que las Pymes por aceptar un importante negocio con una gran empresa como Google, podrían extender el plazo de pago hasta las 120 días.

 

En el caso del sector público se mantendrá el programa Chile Paga, pero se establecerá un límite de 30 días para pagar a Pymes. Las últimas informaciones indican que la iniciativa se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que de ser aprobada implicaría un alivio financiero de US$80 millones para las pequeñas y medianas empresas.

 

El problema que detectamos como “Mujeres Emprendedoras” es que pese a las buenas intenciones de la iniciativa, no basta, ya que las grandes empresas del país cuentan con la solvencia económica necesaria para cumplir con sus deberes económicos y si no es así, tienen mayores oportunidades de endeudamiento que las pequeñas y medianas empresas.

 

Las pymes han soportado este escenario adverso por mucho tiempo y la sociedad les ha negado su importancia en el desarrollo del país, si consideramos que generan cerca del 67% de las fuentes de trabajo.

 

El impacto de que los pagos sean realizados en poco tiempo es grande, ya que un estudio de Valoriza reveló que rebajando en 20 días las cuentas por cobrar por parte de las pequeñas y medianas empresas, algunas de estas compañías podrían aumentar en más de un 30% su valorización. Es decir, con el escenario actual y el que se propone, las Pymes siguen siendo las que pierden dinero.

 

Ahora, si nos referimos al endeudamiento de las Pymes, cabe consignar los resultados del Estudio de Morosidad realizado por la Universidad San Sebastián, el cual señala que este ítem en las pymes de la Región Metropolitana alcanza niveles cercanos al 50%. De las 150 empresas analizadas, alrededor de 20% presentaron situaciones de sobre endeudamiento.

 

Una de las áreas más afectadas por el atraso en los pagos son los proveedores del sistema de salud público, suministradores de la industria del retail, abastecedores de empresas de telecomunicaciones, empresas contratistas de servicios de construcción o ingeniería, entre otras.

 

El dato más desalentador del citado estudio indica que sólo un 10% de las pequeñas y medianas empresas sobrevive más de una década. Es por ello que consideramos necesario revisar el proyecto y estudiar la posibilidad de reducir los tiempos al mínimo. Estamos seguros que las Pymes y las emprendedoras lo agradecerán, porque es un obstáculo menos en la meta de alcanzar sus sueños.

 

 

Revisa los beneficios del proyecto de Ley “Pago Oportuno”:

 

1. El proyecto de pago oportuno obliga a las grandes empresas a informar el promedio de días de pago a sus proveedores.

 

2. La normativa busca establecer que la fecha pactada en la factura sea la de pago efectivo. Además, se propone fijar un plazo máximo de 30 días para realizar el cobro por parte de la Pyme.

 

3. Si la empresa no paga dentro de los 30 días establecidos previamente, no podrá usar el IVA como crédito fiscal.

 

4. El proyecto propone prohibir los descuentos en las transacciones de factoring, puesto que debilitan esta operación, considerada por la normativa, como un procedimiento importante para el financiamiento y flujo de las empresas de menor tamaño.

 

5. Apunta a desincentivar las malas prácticas comerciales, que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras, promoviendo su desarrollo y protegiendo los empleos que generan.

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